Derecho administrativo

responsabilidad de los funcionarios

SI FUISTE NOTIFICADO DE UN SUMARIO ADMINISTRATIVO NO DEJES PASAR EL TIEMPO

Lo primero es no entrar en pánico, aunque tampoco corresponde dejar pasar el asunto sin actuar. Desde el momento de la notificación comienzan a correr los plazos, y algunos de ellos no admiten prórroga.

Esta guía explica, en lenguaje simple, qué significa como se desenvuelve el procedimiento y los criterios de los tribunales.
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como funciona en terminos simples

  1. Inicio. La autoridad competente dicta una resolución que ordena instruir el sumario, delimita los hechos que se investigarán y designa a un fiscal instructor. El fiscal normalmente nombra a un actuario, quien cumple funciones de ministro de fe.

  2. Etapa indagatoria. Se forman los antecedentes: declaraciones, documentos, oficios, registros, pericias u otras diligencias. Su finalidad es establecer qué ocurrió, quiénes participaron y si hay indicios de una infracción funcionaria. El reglamento de la Contraloría organiza el procedimiento en las etapas indagatoria, acusatoria y resolutiva.

  3. Formulación de cargos. Si existen antecedentes suficientes contra una persona, el fiscal formula cargos concretos. No equivale a una sanción: es la comunicación formal de los hechos y normas que se le imputan, para que pueda defenderse.

  4. Defensa y prueba. El funcionario inculpado puede presentar descargos, acompañar documentos, solicitar diligencias y ofrecer prueba. También puede plantear implicancia o recusación respecto del fiscal o actuario cuando existan motivos que comprometan su imparcialidad; la oportunidad procedimental importa mucho.

  5. Vista fiscal o propuesta. Cerrada la investigación, el fiscal analiza los antecedentes y propone absolver, sobreseer o aplicar una medida disciplinaria, según corresponda. La propuesta no siempre es la decisión final.

  6. Resolución. La autoridad con potestad disciplinaria dicta la resolución final. Puede absolver, sobreseer o imponer una sanción. La resolución debe notificarse y puede ser objeto de impugnación administrativa conforme a las reglas aplicables.

que es lo que debes saber

criterios de los tribunales

1.- lÍmItes del control judicial y el recurso de protección

Se establece que no corresponde a los tribunales de justicia inmiscuirse en la calificación de los hechos o el mérito del proceso disciplinario. El control judicial se limita a la revisión de la legalidad formal y la razonabilidad del acto, pero no implica la supervisión de cuestiones de fondo o la ponderación de la prueba efectuada por la autoridad. Esto quiere decir, tomar acción en el procedimiento administrativo, tomando efectivas pruebas es vital ya que despues los tribunales se limitan a solo ver la causas pero no ha analizar el procedimiento
La acción de protección no constituye el mecanismo adecuado para examinar la proporcionalidad de una sanción disciplinaria dictada al término de un proceso regular. Establecida la existencia de la infracción, fijar el monto o alcance de la sanción corresponde de manera exclusiva a la autoridad administrativa.
Las decisiones emitidas en el curso de la tramitación de un sumario —tales como la Vista Fiscal o la suspensión preventiva— tienen el carácter de actos de mero trámite, en tanto no concluyen el procedimiento ni generan una afectación irreversible de derechos fundamentales. Por consiguiente, no resultan impugnables mediante la acción de protección.
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2.- PLAZOS PARA LA TRAMITACIóN Y DECAIMIENTO

Los términos previstos en la Ley N° 19.880, así como en los estatutos especiales, no revisten el carácter de fatales para la Administración. El mero hecho de que se exceda el plazo legal de seis meses no produce, por sí solo, el "decaimiento" ni la pérdida de eficacia del procedimiento.
Se ha reconocido la procedencia de extender la tramitación de un sumario por un lapso superior a siete años cuando la materia investigada reviste una complejidad extrema —como ocurre, por ejemplo, en casos de fraude masivo al interior de Carabineros, con expedientes de miles de fojas y una pluralidad de investigados—, haciendo primar en tales casos las garantías del debido proceso por sobre el principio de celeridad.
El procedimiento administrativo no pierde su objeto ni se extingue por el retiro de la institución, sea del denunciante o del propio investigado. De conformidad con el artículo 147, inciso tercero, del Estatuto Administrativo, el proceso debe proseguir hasta su normal término, a efectos de determinar las responsabilidades que correspondan.
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3.- DEBIDO PROCESO Y FORMALIDADES

Los vicios de forma —como errores menores en las notificaciones— no acarrean la nulidad de la sanción cuando no han generado una indefensión real. En la medida que conste que el investigado tuvo oportunidad de declarar y formular sus descargos, el procedimiento debe tenerse por válido.
Conforme al artículo 136 de la Ley N° 18.883, la apertura del término probatorio no opera de manera automática, sino que procede únicamente cuando el inculpado la solicita de forma expresa, señalando los hechos que pretende acreditar y los medios de prueba de que intenta valerse. Una solicitud formulada en términos genéricos no obliga al fiscal a decretar dicho término.
El instructor se encuentra facultado para rechazar la prueba testimonial mediante resolución fundada, cuando estime que los hechos de que se trata ya se encuentran acreditados por vía documental.

Durante la suspensión preventiva, la ley autoriza a descontar el 50% de las remuneraciones del funcionario investigado. Sin embargo, este descuento no opera de manera indefinida ni automática: su legalidad depende de que, al momento de emitir la vista fiscal —es decir, el pronunciamiento en que el fiscal propone la aplicación de la medida disciplinaria de destitución—, se disponga también, de forma expresa, la prórroga de la suspensión preventiva.

En otras palabras, si el fiscal no decreta explícitamente esa prórroga al formular la vista fiscal, la suspensión preventiva pierde su fundamento legal a partir de ese momento y, con ello, el descuento del 50% de las remuneraciones deja de ser procedente, debiendo restituirse al funcionario el pago íntegro de sus haberes.
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4.- la destitución por falta de probidad

Realizar viajes de carácter recreativo al extranjero mientras se goza de una licencia médica —especialmente cuando esta contempla reposo total— constituye una falta grave al principio de probidad administrativa.
Cuando la autoridad califica una infracción como falta grave a la probidad administrativa, la destitución se impone como la única medida disciplinaria legalmente procedente, sin que la ley confiera margen para ponderar atenuantes ni para aplicar sanciones de menor entidad.
El uso breve de un vehículo fiscal durante el horario de colación fue calificado como una falta a la probidad administrativa, aunque no revistió la gravedad suficiente para justificar la destitución, por lo que se ordenó sustituir dicha medida por la suspensión de funciones.

5.- prescripción disciplinaria y confianza legítima

El plazo de prescripción se interrumpe con la formulación de cargos. Tratándose de conductas de carácter continuo, dicho plazo debe contabilizarse a partir de la fecha del último hecho constitutivo de la infracción.
Tratándose de funcionarios a contrata que cuentan con cinco o más renovaciones sucesivas —circunstancia que genera una confianza legítima en la continuidad del vínculo—, la desvinculación solo resulta lícita cuando ella se funda en un sumario administrativo que concluya con sanción de destitución, o en una calificación funcionaria deficiente.

¿ Necesito un abogado ?

No es obligatorio, pero sí resulta recomendable, especialmente a partir de la formulación de cargos en adelante, momento en que se define en gran medida el resultado del proceso. Un abogado puede revisar si el procedimiento se ha ajustado a las reglas correspondientes, ordenar su versión de los hechos, redactar los descargos respondiendo a cada cargo formulado, proponer la prueba pertinente y, en caso de que la resolución resulte desfavorable, evaluar los recursos disponibles para impugnarla.

Si usted se encuentra en las etapas iniciales del procedimiento, aún cuenta con margen para preparar adecuadamente su defensa. Si ya le han sido formulados los cargos, el tiempo pasa a ser el factor crítico.